Entre cooperación y contención: los límites de la presencia china según Estados Unidos

El 3 de enero de 2026, aviones militares estadounidenses despegaron de 20 bases, desactivaron mediante medios cibernéticos los sistemas de defensa aérea de Venezuela, extrajeron a Nicolás Maduro esposado de su dormitorio en Caracas y trasladaron al líder venezolano a una prisión federal en Brooklyn en una operación que el Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos bautizó como “Resolución Absoluta”, convirtiéndose en la intervención militar directa más significativa de Estados Unidos en América Latina desde la invasión de Panamá en 1989. El gesto señaló, de manera inequívoca, que Estados Unidos había puesto fin a tres décadas de negligencia estratégica hacia la región. Para entender por qué ocurrió esto, es necesario comprender el historial estadounidense en la región.

La Revolución Cubana de 1959 inauguró el período de mayor intervencionismo estadounidense en la historia de América Latina, ya que Washington pasó a ver cualquier gobierno de izquierda en la región como un potencial vector de expansión soviética, convirtiendo al Hemisferio Occidental en un teatro permanente de la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos contribuyó al derrocamiento de nueve gobiernos solamente en la década de 1960 — uno cada 13 meses — además de apoyar el golpe militar brasileño de 1964, el régimen de Pinochet en Chile en 1973, a los Contras nicaragüenses en los años 1980 y la invasión de Granada en 1983, haciendo evidente que la atención estadounidense hacia la región era directamente proporcional a la percepción de la amenaza soviética. Con el colapso de la Unión Soviética en 1991, esta ecuación se invirtió, desplazando el foco de Washington hacia Oriente Medio y Asia. América Latina pasó a ser percibida como un “territorio asegurado” que no requería atención ni esfuerzos, generando un vacío estratégico de tres décadas que China llenó con sistematicidad y capital.

La Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR), lanzada por Pekín en 2013, aceleró una tendencia que ya se perfilaba desde los años 2000, dado que en 2001 Cuba era el único país de la región que comerciaba más con China que con Estados Unidos. Dos décadas después, todos los países sudamericanos, excepto Paraguay y Colombia, hacían más negocios con Pekín que con Washington, transformación que no se limitó al comercio, sino que se extendió a la infraestructura portuaria, a las redes de telecomunicaciones dominadas por Huawei y a una presencia espacial que supera, en América Latina, la de cualquier otra región fuera de Asia. El símbolo más elocuente de esta penetración china es el Puerto de Chancay, en Perú, un complejo de 1.300 millones de dólares controlado mayoritariamente por la empresa estatal china COSCO, operado por camiones autónomos monitoreados desde Shanghái, que redujo en más de diez días el tiempo de transporte marítimo entre la costa pacífica sudamericana y China, convirtiéndose en el eje logístico de una reorientación continental hacia Pekín. El gobierno de Trump respondió con una frase que condensa con precisión la nueva lógica estadounidense para la región: “el dinero barato chino cuesta soberanía”.

Esta lógica encuentra su formalización en la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) de diciembre de 2025, que representa una de las formulaciones más explícitas de la política hemisférica estadounidense desde la Doctrina Monroe original de 1823. El documento proclama abiertamente lo que denomina el “Corolario Trump a la Doctrina Monroe” y no deja dudas: Estados Unidos pretende restaurar su preeminencia en el Hemisferio Occidental, y el principal objetivo — aunque rara vez nombrado de forma directa — es la creciente presencia de China en América Latina y el Caribe. El lenguaje del documento es categórico: Estados Unidos “negará a competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales” en la región.

Para comprender la urgencia estadounidense, es necesario entender la dimensión de lo que China construyó en la región durante las últimas dos décadas: en Panamá, la presión estadounidense resultó en la anulación judicial de la concesión que la hongkonesa CK Hutchison operaba en las terminales de Balboa y Cristóbal desde hacía casi tres décadas, siendo las terminales transferidas a subsidiarias occidentales bajo contrato provisional, a lo que Pekín respondió reteniendo 123 embarcaciones en marzo de 2026, de las cuales 91 navegaban bajo bandera panameña, haciendo imposible cualquier justificación basada en rutina técnica. En Chile, la simple evaluación de un cable submarino de fibra óptica conectando Valparaíso con Hong Kong generó restricciones de visado estadounidenses contra el ministro de Transportes chileno, clasificando una decisión de infraestructura como una elección de alineamiento geopolítico. En Costa Rica, empresas chinas instaladas en territorio nicaragüense compran sedimento aurífero extraído ilegalmente del suelo costarricense, utilizando técnicas capaces de recuperar hasta el 95 % del oro contenido en cada saco, en un esquema que el ministro de Seguridad Pública Mario Zamora denunció ante el Parlamento como crimen organizado transnacional con logística, financiamiento y rutas estables.

La contraofensiva estadounidense en el plano económico se articula en torno a dos programas complementarios: Project Vault y FORGE. Project Vault combina 10.000 millones de dólares del Export-Import Bank estadounidense con 2.000 millones de dólares en capital privado para crear una reserva estratégica que cubra los 60 minerales de la lista crítica del US Geological Survey. FORGE (Forum on Resource Geostrategic Engagement), descrito por el secretario Marco Rubio como un sustituto de la Asociación para la Seguridad de los Minerales “con dientes más afilados y compromiso con la velocidad”, crea una zona preferencial de comercio e inversión en minerales críticos con pisos de precios coordinados para contrarrestar la práctica china de exportar minerales por debajo del costo de mercado. Así, se mina la capacidad productiva occidental y se profundiza la dependencia estructural de los países productores, haciendo evidente que la lógica estadounidense es disciplinar el mercado mediante la vía arancelaria allí donde la china seduce mediante financiamiento directo.

Además, Pekín se convirtió en el principal socio comercial de varios países sudamericanos, incluidos Brasil, Chile, Perú y Argentina. Invirtió fuertemente en infraestructura — puertos, ferrocarriles, centrales hidroeléctricas y redes de telecomunicaciones — y expandió su presencia financiera mediante préstamos bilaterales que, en muchos casos, sustituyeron el financiamiento multilateral tradicional dominado por Washington. La propia ESN reconoce la magnitud del problema al admitir que China “recicló quizás 1,3 billones de dólares de sus superávits comerciales en préstamos a sus socios comerciales” y que Estados Unidos y sus aliados “todavía no han formulado, y mucho menos ejecutado, un plan conjunto para el llamado Sur Global”. Es en este contexto de relativa negligencia estadounidense y avance chino donde se inserta la política de la administración Trump — no como una novedad, sino como aceleración y sistematización de tendencias que ya venían delineándose. La respuesta estratégica propuesta por la ESN combina lo que el documento denomina “Recruit and Expand” — reclutar aliados regionales ya existentes y expandir la red de socios. El objetivo declarado es convertir a Estados Unidos en “el socio de primera elección” del Hemisferio, mientras se desincentiva la colaboración de los países latinoamericanos con actores externos. Para ello, Washington prevé el uso combinado de presión diplomática, instrumentos financieros, acuerdos comerciales preferenciales, intercambio de tecnología y cooperación en defensa. La ESN es explícita sobre la lógica de poder que sustenta este enfoque: los términos de los acuerdos con países dependientes de Estados Unidos “deben ser contratos de fuente única para nuestras empresas”, y el acceso preferencial al mercado estadounidense será utilizado como palanca para inducir decisiones geopolíticas favorables a Washington.

La comparación con la IFR es reveladora, ya que mientras la Franja y la Ruta ofrece capital, infraestructura física y transferencia tecnológica en sectores enteros de la economía, FORGE y Project Vault proponen una arquitectura de mercado administrada por el Estado que coordina precios y reservas en minerales específicos. En otras palabras, Washington responde a una estrategia continental con un instrumento sectorial, haciendo evidente que el equivalente estadounidense de la IFR en el plano de la infraestructura amplia todavía no existe.

El CSIS, principal think tank de política exterior estadounidense, recomendó en marzo de 2026 que Washington anunciara un “Pacto de Infraestructura de las Américas”, con inversiones de entre 50.000 y 100.000 millones de dólares para puertos, carreteras, redes energéticas y telecomunicaciones, cofinanciado junto con Japón, Corea del Sur, la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo, propuesta que permanece únicamente sobre el papel. La asimetría más crítica de la disputa sino-estadounidense en la región no es militar ni diplomática, sino infraestructural, ya que iniciativas estadounidenses anteriores con el mismo propósito, como la Asociación para la Infraestructura e Inversión Global lanzada en el G7 de 2022 como contrapeso directo a la IFR, hoy ni siquiera mantienen un sitio web activo, garantizando que la desconfianza estructural de los países latinoamericanos respecto a los compromisos de largo plazo de Washington sea, en sí misma, un activo estratégico para Pekín.

La respuesta sistémica estadounidense se consolidó en la Cumbre Escudo de las Américas, realizada en marzo de 2026 en el resort Trump National Doral de Miami, reuniendo a 17 países bajo acuerdos de cooperación militar, inteligencia y asociaciones en minerales críticos, mientras que la exclusión deliberada de Brasil, México y Colombia señaló que Washington pasó a interpretar la neutralidad no como una postura legítima, sino como un alineamiento implícito con el adversario. China, sin embargo, no retrocede. BYD declaró la meta de convertirse en la mayor fabricante de vehículos de Brasil para 2030 y la estatal Chalco cerró un acuerdo de 886 millones de dólares para adquirir una participación controladora en la Companhia Brasileira de Alumínio, haciendo evidente el obstáculo estructural que Washington enfrenta: ya no se trata de impedir la entrada china en la región, sino de intentar revertir una presencia que ya está consolidada dentro del perímetro, garantizando que América Latina esté definitivamente de vuelta en el centro de la disputa entre superpotencias, esta vez con un adversario que no llegó desde fuera del Hemisferio, sino que fue construido, contrato por contrato, dentro de él.

Aline Simioli y João Lucas Alves