Del asilo político a la ruptura diplomática: la escalada de la crisis entre México y Perú

América Latina volvió a convertirse en escenario de una crisis diplomática de gran magnitud a finales de 2025, cuando Perú anunció oficialmente la ruptura de sus relaciones diplomáticas con México. El acontecimiento decisivo fue la concesión de asilo diplomático por parte del gobierno mexicano a Betssy Chávez, ex primera ministra del presidente Pedro Castillo, investigada en Perú por su presunta participación en los delitos de rebelión y conspiración. Chávez se refugió en la Embajada de México en Lima en noviembre de 2025, después de faltar reiteradamente a las audiencias del juicio que enfrentaba, lo que para las autoridades peruanas constituyó una provocación inaceptable por parte del Estado mexicano.

Sin embargo, considerar este episodio como el inicio de todo sería una visión excesivamente simplificada. En la práctica, este fue solo el capítulo más reciente de un conflicto que ya venía desarrollándose desde hacía casi tres años. Todo comenzó con el fallido autogolpe de Castillo en diciembre de 2022. En aquel momento, México ya había demostrado su posición al conceder asilo a la familia del expresidente destituido y, en la figura del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, negarse a reconocer a Dina Boluarte como presidenta legítima del Perú, llegando incluso a llamarla “presidenta espuria”. El gobierno mexicano llegó al punto de ofrecer protección al propio Castillo, un intento que finalmente fue impedido por las autoridades peruanas.

La relación entre ambos países comenzó a deteriorarse gradualmente a partir de ese momento. López Obrador mostraba una clara afinidad política con Castillo, principalmente debido a su origen humilde como maestro rural y a su cercanía con las comunidades indígenas del Perú. Para el expresidente mexicano, la destitución de Castillo no representaba únicamente una disputa constitucional, sino un “golpe de Estado técnico” impulsado por el racismo histórico presente en las élites peruanas. Esta postura fue defendida de manera pública y constante, hasta el punto de que el Congreso peruano declaró a López Obrador persona non grata en 2023. El episodio relacionado con el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) evidencia el nivel de tensión entre ambos gobiernos. Cuando México tuvo que transferir la presidencia del foro al Perú, retrasó el traspaso tanto como fue posible, esperando una reversión de la situación política peruana, algo que nunca ocurrió.

Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México en 2024, el gobierno peruano esperaba al menos una reducción de las tensiones diplomáticas. Sin embargo, la nueva presidenta mantuvo la postura adoptada por López Obrador. Sheinbaum optó por no asistir al foro de la APEC de ese año, organizado por la entonces presidenta peruana Dina Boluarte, quien gobernó hasta el 10 de octubre de 2025, cuando fue destituida mediante un juicio político. Además, al comentar la destitución de la presidenta peruana por parte del Congreso, Sheinbaum destacó el carácter unánime de la decisión, reiteró la interpretación de que la caída de Castillo había constituido un “golpe de Estado” y volvió a manifestar su apoyo al expresidente encarcelado. La posición del Ejecutivo mexicano demuestra que, al menos aparentemente, las motivaciones de México en su disputa con Perú están más relacionadas con la defensa de los derechos humanos y de los principios de igualdad y democracia que con un alineamiento político propiamente dicho. Esto se refleja en las declaraciones de Sheinbaum: “Nuestro deseo es que salga libre, porque está preso injustamente” y “se necesitaba un cierto número de votos para destituirlo, y la votación quedó por debajo de ese número”.

La dinámica de los conflictos político-humanitarios revela que el carácter hostil y ofensivo de las relaciones bilaterales entre México y Perú ya se había vuelto permanente, dejando incierta únicamente la forma en que surgirían nuevas tensiones. La concesión de asilo a Betssy Chávez por parte del gobierno mexicano fue simplemente el punto culminante del conflicto. La medida se basó en el artículo 11 de la Constitución mexicana, que concede el derecho de asilo en territorio mexicano a personas en situación de persecución política, y se sustentó además en la justificación de que la propia Organización de las Naciones Unidas considera que el asilo político no debe interpretarse como un “acto hostil” entre Estados, sino como una “manifestación pacífica y humanitaria”.

“En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a solicitar asilo político, el cual será concedido por razones humanitarias.”

— Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917

“Toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país, en caso de persecución.”

— Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 14

“La concesión de asilo por un Estado a personas que tengan derecho a invocar el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos es un acto pacífico y humanitario y, como tal, no puede ser considerado hostil por ningún otro Estado.”

— Declaración de las Naciones Unidas sobre el Asilo Territorial

Siguiendo esta lógica, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México afirmó que Chávez había sido objeto de persecución política desde su encarcelamiento en 2023. Durante su período de detención, la ex primera ministra realizó diversas huelgas de hambre y denunció malos tratos, intentos de extorsión y episodios de dopaje dentro del establecimiento penitenciario donde se encontraba recluida, lo que reforzó y sirvió como prueba para la narrativa mexicana. Ante ello, el gobierno mexicano declaró que “lamentaba y rechazaba” lo que definió como una decisión unilateral adoptada por el Perú.

El gobierno peruano respondió de forma inmediata. El canciller Hugo de Zela afirmó que, frente a lo que consideró un “acto inamistoso”, el gobierno había decidido romper relaciones diplomáticas con México. El presidente peruano José Jerí adoptó un tono aún más duro —y ciertamente bastante ofensivo— en las redes sociales, anunciando que la embajadora mexicana, Karla Ornela, había sido oficialmente notificada para abandonar el país dentro de un plazo considerado “perentorio”. La gravedad de la crisis es tal que Brasil fue encargado —a solicitud del propio gobierno de Sheinbaum— de asumir la representación de la embajada mexicana en Perú, función que ejerce desde enero de este año. A pesar de la contundente postura del gobierno de Jerí, Perú decidió preservar las relaciones consulares con México, señalando que, aunque el conflicto diplomático había alcanzado un nivel elevado, los canales mínimos de comunicación entre ambos países continuarían abiertos.

El episodio demuestra una tensión que va más allá del conflicto bilateral. La situación evidencia cómo las crisis políticas internas pueden afectar directamente las relaciones entre los países de la región y cómo las diferencias ideológicas entre gobiernos son capaces de profundizar los desgastes diplomáticos, incluso entre Estados que no comparten fronteras. En este contexto, el caso de Betssy Chávez fue el factor que intensificó una crisis que ya venía desarrollándose desde tiempo atrás; es decir, no se trata de un fenómeno originario.

En febrero de 2026, el presidente interino José Jerí fue destituido y, un día después, el congresista y exmagistrado José María Balcázar asumió la Presidencia de la República. Cabe señalar que Balcázar es el octavo presidente peruano en diez años, período que ha estado —y sigue estando— marcado por episodios de inestabilidad política, renuncias, destituciones y crisis gubernamentales.

Aunque el asilo concedido a Chávez fue anunciado hace meses —el proceso comenzó en noviembre de 2025—, el escenario de hostilidades en el que se encuentran México y Perú no ha evolucionado en lo que respecta al restablecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales. La postura del gobierno peruano, centrada en la defensa de las instituciones del país y en el rechazo al intento de golpe de Estado, se mantuvo firme incluso después de la llegada de Balcázar, quien pertenece al mismo partido político que Pedro Castillo. Según Sheinbaum, durante una conferencia matutina, aunque existía cierta expectativa de que el mandato de Balcázar pusiera fin a la turbulencia entre Perú y México, “hasta ahora no ha habido nada por parte del actual presidente para restablecer la relación”.

Incluso hoy, las relaciones entre ambos países permanecen prácticamente iguales a como eran antes de que Balcázar asumiera el cargo. En este sentido, aunque el escenario político peruano se caracteriza por el constante cambio de gobiernos y, por consiguiente, por un alto nivel de inestabilidad interna, puede observarse un patrón consistente en la adopción de decisiones de política exterior respecto a la crisis diplomática con México. En otras palabras, el mantenimiento de una postura firme de oposición al gobierno mexicano demuestra la continuidad de la línea de acción seguida por los últimos gobiernos peruanos hasta el momento. Por ello, las perspectivas de restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Perú continúan siendo desfavorables.

Aunque no parece probable ningún cambio radical a corto plazo, es necesario comprender la incertidumbre que rodea la relación entre ambos países. El nivel individual de análisis, es decir, las particularidades de cada mandatario, también desempeña un papel de evidente influencia en la posición peruana respecto a México. Dado el escenario de inestabilidad política en Perú debido a la sucesiva sustitución de gobernantes, y considerando que el alineamiento político e ideológico de un país con otros también depende de las creencias y preferencias de quienes gobiernan, un futuro presidente peruano podría adoptar una postura distinta a la de sus predecesores y revertir el escenario de hostilidad previamente establecido con México. En suma, aunque el impasse diplomático permanece sólido en el presente, una eventual reconfiguración política podría alterar de manera decisiva el rumbo de las relaciones entre México y Perú y repercutir en toda la dinámica latinoamericana.

Mariana Canuto y Maria Clara Gueiros