EE.UU. refuerza medidas contra Cuba: ¿hasta dónde llega la legalidad de las sanciones?

Cuba enfrenta su más grave crisis de supervivencia en décadas tras la nueva ofensiva comercial de Estados Unidos. El presidente Donald Trump, el 29 de enero de 2026, firmó una Orden Ejecutiva que autoriza la imposición de aranceles a cualquier país que comercie con la isla, apuntando especialmente al suministro de petróleo y sus derivados.

La justificación oficial detrás del documento sostiene que el gobierno cubano representa una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de EE.UU.”, a través de alianzas con actores hostiles como Rusia, China e Irán. Además, la medida buscaría contener la doctrina comunista de expandirse por América Latina, una estrategia de seguridad nacional que pretende alinear a los países de esta región con Estados Unidos.

Sin embargo, en una entrevista con reporteros en la Casa Blanca, Trump deja implícito que el objetivo no declarado de la medida sería un cambio de régimen en Cuba, tal como se pretendía en Venezuela. Según el presidente, el gobierno cubano estaría conversando con el gobierno estadounidense tras perder a su principal proveedor de petróleo con la caída del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, en enero de 2026, hasta entonces el único régimen alineado con Cuba en América Latina. El suministro fue interrumpido por el gobierno estadounidense tras la acción militar en Caracas, en la que tomó control del sector petrolero venezolano y buscó cercar económicamente a la isla de Cuba.

Esta orden ejecutiva sería un medio para presionar a la isla caribeña hacia una transición política, señalando una “toma amigable de Cuba”, sugiriendo que, ante el colapso económico y energético, el gobierno cubano no tendría otra alternativa que aceptar un cambio de régimen moldeado por Estados Unidos.

Este gráfico muestra los mayores exportadores de petróleo hacia Cuba, siendo Venezuela en morado, México en rosa, Rusia en azul cian, Argelia en verde y Libia en azul.

México, que bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum había superado a Venezuela como principal exportador hacia la isla en 2025, suspendió nuevos envíos por temor a represalias arancelarias de Estados Unidos. Aunque Sheinbaum calificó las sanciones como “injustas” y reafirmó el compromiso con la ayuda humanitaria, Cuba recibió solo un cargamento mexicano de 84,9 mil barriles de petróleo durante todo el inicio de 2026, lo que agrava su crisis energética y económica.

Sheinbaum también señaló la disposición de México para mediar un posible diálogo entre Estados Unidos y Cuba. Al mismo tiempo, reafirmó los pilares históricos de la diplomacia mexicana, como la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, reforzando la tradicional postura de solidaridad del país con las naciones latinoamericanas, especialmente Cuba.

No es la primera vez que Cuba enfrenta graves sanciones provenientes de Estados Unidos, cuyo embargo comercial se ha ampliado desde 1958. Además, el país norteamericano utiliza su poder e influencia global para coaccionar a los líderes de América Latina a adherirse al aislamiento de Cuba.

De esta forma, se observa que gran parte de los países latinoamericanos con gobiernos orientados a la izquierda presentan una condena clara a las acciones declaradas por Donald Trump. Además de México, que envió buques de ayuda humanitaria, Chile también contribuyó con la donación de un millón de dólares para auxiliar a la isla durante la crisis. Otros países como Brasil manifestaron apoyo político, criticando las acciones estadounidenses, pero sin medidas concretas y directas para ayudar a Cuba. La actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta de Nicolás Maduro y asumió el cargo tras los hechos de enero, declaró “solidaridad de Caracas” y reiteró la condena a las presiones estadounidenses.

Aliados fuera del continente, como China, intentan mitigar el colapso energético mediante el apoyo a proyectos de energía solar, pero la escala de esta ayuda sigue siendo insuficiente para contener el apagón generalizado que amenaza la estabilidad del régimen.

En cuanto a los países de América Central, el único socio de la isla caribeña es Nicaragua, que tampoco ha enviado materiales ni otro tipo de apoyo y además modificó las leyes de visado para ciudadanos cubanos, que ahora es obligatorio.

Sin embargo, países con orientación derechista tienden a apoyar las acciones del gobierno de Donald Trump, como ocurrió con Costa Rica, Panamá y El Salvador. Nayib Bukele, presidente de este último, rompió un acuerdo de 27 años que preveía el envío de médicos cubanos para trabajar en el país tras presiones de Trump. Más de 400 profesionales cubanos están a la espera de regresar a su país de origen. Honduras, cuyo presidente Nasry Asfura también es aliado de Trump, pretende seguir la misma lógica de Nayib y poner fin al contrato con los médicos cubanos presentes en su territorio. Actualmente, hay alrededor de 30 mil médicos cubanos trabajando en 67 países, lo que representa una entrada de aproximadamente 10 mil millones de dólares para la economía de la isla.

Otro país que demuestra apoyo incondicional a las medidas del presidente Donald Trump es Argentina. Su actual presidente, Javier Milei, quien asumió el cargo en 2023, adoptó una postura firme respecto a las sanciones contra Cuba. En 2024, durante una votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas para levantar las sanciones estadounidenses contra Cuba, declaró que despediría a todos los funcionarios de la cancillería que votaron en contra de las sanciones: “Todas las personas involucradas en esa decisión están aquí para ser despedidas. Son traidores al país. Estamos analizando el marco legal para despedirlos y hacerles pagar”.

Muchos líderes latinoamericanos han expresado temor de que el desequilibrio en Cuba genere una crisis migratoria y pueda afectar la estabilidad regional.

Cuba ha enfrentado sanciones estadounidenses durante más de seis décadas, y la situación se agravó tras la caída de su aliada, la Unión Soviética; desde entonces, la isla vive en medio de las dificultades del aislamiento comercial. La reciente destitución del gobierno de Maduro en Venezuela afectó directamente la capacidad energética de la isla, ya que ambos países estaban políticamente alineados contra la hegemonía estadounidense. Las más recientes sanciones estadounidenses refuerzan aún más la falta de autosuficiencia de la isla.

La isla caribeña tiene como principal matriz energética el combustible fósil, cuya demanda es casi totalmente cubierta mediante importaciones; sin la posibilidad de importar, el país se ve obligado a realizar cortes de energía. La economía de Cuba se ha desacelerado y la situación social se agrava cada día, con numerosos apagones y dificultades para mantener la red de transporte. Muchos habitantes informan que ya no hay combustible disponible, existiendo una fila virtual interminable para adquirirlo, siendo la única opción caminar para resolver las actividades cotidianas.

Además de la paralización del transporte, los mercados cubanos se encuentran vacíos; los productos han aumentado de precio debido a la reciente devaluación del peso cubano y ya no hay reabastecimiento. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, recomendó a la población que adapte su dieta a la nueva realidad del país: “tenemos que aceptar que los alimentos ya no van a circular, por eso debemos consumir lo que se produce localmente, es necesario resistir”. La población se muestra contraria a la intervención estadounidense y busca resistir y garantizar la soberanía cubana. Las protestas anuales contra la hegemonía de EE.UU. en la isla tienen lugar cada 27 de enero, tradición instaurada por Fidel Castro. De este modo, se hace evidente que, a pesar de las dificultades, existe un fuerte deseo de resistencia.

De esta forma, se ha vuelto común la discusión sobre la transición energética de Cuba. La isla cuenta con condiciones favorables para la energía solar y eólica; sin embargo, la transición es relativamente lenta y poco desarrollada hasta el momento. Mientras tanto, Cuba necesita socios dispuestos a desafiar los embargos estadounidenses, como Rusia, que ya anunció el envío de combustible con carácter de ayuda humanitaria para la isla. No obstante, Putin recomendó a quienes planean viajar a Cuba que reconsideren hasta que la situación se normalice. El país es la segunda mayor fuente de turistas para Cuba, solo por detrás de Canadá. Putin declaró que las aerolíneas rusas suspenderán temporalmente los vuelos hacia Cuba tras evacuar a los turistas retenidos en la isla.

No es la primera vez que Donald Trump atenta contra la soberanía de otros Estados con el argumento de promover un cambio de régimen, lo que genera un debate sobre la legalidad de sus acciones. En el Derecho Internacional, la decisión de clasificar a un país como una amenaza a la seguridad nacional puede ser cuestionada cuando se utiliza para imponer bloqueos económicos unilaterales, ya que la soberanía de un Estado no debería subordinarse a intereses de seguridad interna.

Además, la Orden Ejecutiva estadounidense desafía el límite de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de medidas coercitivas para someter la voluntad política de un Estado soberano. Aunque Estados Unidos intenta encuadrar estas sanciones como una respuesta a crisis humanitarias, resulta evidente que tales acciones priorizan intereses geopolíticos en detrimento del bienestar de la población civil, que sufre los efectos colaterales más severos.

Es importante destacar que Donald Trump no buscó este respaldo multilateral, actuando de forma unilateral e ignorando el consenso global que, anualmente en la Asamblea General de la ONU, condena casi por unanimidad el embargo a Cuba como una práctica anacrónica e ilegal.