La Corte Suprema anula los aranceles masivos de Trump y alivia las tensiones comerciales con Brasil

La guerra comercial que tuvo lugar en 2025 continúa afectando las relaciones comerciales entre Brasil y Estados Unidos y genera incertidumbre entre los exportadores brasileños. El 30 de julio de 2025, el presidente Donald John Trump invocó la IEEPA (Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional) y emitió la Orden Ejecutiva 14323, titulada “Enfrentando las amenazas al territorio de los Estados Unidos por parte del Gobierno de Brasil”, la cual impuso aranceles adicionales exorbitantes del 40% a los productos brasileños —con mínimas excepciones para algunas materias primas— bajo el pretexto de que las acciones y políticas de Brasil constituían una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional, a la política exterior y a la economía de los Estados Unidos”, elevando así el estatus de Brasil a una amenaza nacional para los Estados Unidos de América.

Es importante tener en cuenta que las tasas del 40% se consideran prohibitivas, es decir, no existe la posibilidad de que el producto nacional compita en el mercado estadounidense, ya que el precio final se vuelve inviable para el consumidor, quien optará por otros productos. Numerosos productos brasileños, especialmente los manufacturados, vieron sus precios finales aumentar en aproximadamente un 50%. El objetivo de los aranceles prohibitivos es asfixiar el comercio entre las naciones y romper las relaciones de exportación brasileñas de forma forzada y unilateral. Se entiende, por lo tanto, que esta acción no tenía únicamente una base económica, sino también un objetivo político del presidente, quien pasó a utilizar los instrumentos económicos como herramientas políticas que afectan directamente la soberanía de los países.

La imposición del arancel ad valorem del 40% por parte del gobierno estadounidense no fue simplemente una medida económica destinada a preservar la economía interna del país y la “seguridad nacional”, como alegó el presidente Donald Trump, sino una acción punitiva destinada a manipular al Estado brasileño para adoptar medidas que beneficiaran a los Estados Unidos de América. En un fragmento de su declaración, Trump afirmó que su decisión de declarar una emergencia nacional también se debió a lo que calificó como acciones reprobables contra la libertad de expresión y la persecución del expresidente Jair Bolsonaro mediante acusaciones judiciales injustificadas. Asimismo, afirmó que las elecciones de 2026 se verían perjudicadas debido a la supuesta incapacidad de las instituciones judiciales brasileñas para llevarlas a cabo de manera justa y democrática.

Cabe destacar que la orden ejecutiva excluía algunos productos, los cuales no estaban sujetos al nuevo arancel adicional del 40%. El Anexo I —que enumeraba materias primas como fertilizantes y minerales de los cuales Estados Unidos depende intrínsecamente para su desarrollo económico— protegía así los intereses estadounidenses al permitirles seguir extrayendo lo que necesitaban de Brasil sin que este tuviera la oportunidad de beneficiarse de productos no directamente vinculados a los intereses del gobierno estadounidense. A largo plazo, esto podría provocar una desindustrialización forzada de la economía brasileña, ya que el enfoque nacional cambiaría para atender la demanda de bienes primarios.

El carácter punitivo de la medida se hace evidente al comparar a Brasil con el resto del continente americano. Según Mercopress —una agencia de noticias independiente centrada en análisis políticos y económicos de América Latina— Brasil fue el país más afectado por las acciones de Trump, que buscaban aislar la economía brasileña de sus vecinos latinoamericanos.

Sin embargo, la fragilidad jurídica de estas órdenes ejecutivas no resistió el escrutinio de la Corte Suprema de Estados Unidos el 20 de febrero de 2026. Por mayoría de votos, el poder judicial decidió que la IEEPA no otorga al presidente la facultad de imponer aranceles. Según John Roberts, el término “regular” presente en la ley no incluye la creación de derechos aduaneros. Así, al no identificar una delegación legislativa expresa para la imposición de tributos, la Corte consideró que las órdenes ejecutivas carecían de fundamento legal, anulando las barreras impuestas contra Brasil y otros socios comerciales.

La decisión de la Corte Suprema también se basó en la Doctrina de las Cuestiones Mayores (Major Questions Doctrine), según la cual el Congreso debe autorizar expresamente cualquier política de gran impacto económico y político, especialmente cuando está en juego una competencia central del poder legislativo, como es el caso de la política tributaria y arancelaria. Para la mayoría, sería inadmisible que el Congreso hubiera delegado al presidente el poder de imponer aranceles ilimitados, de cualquier valor y por tiempo indefinido, basándose únicamente en la declaración de una emergencia nacional, cuya definición, según la Corte, está controlada por el propio Poder Ejecutivo.

Es importante señalar que, antes de la actual administración de Donald Trump, ningún presidente había utilizado la IEEPA para imponer aranceles.

Pocas horas después de la decisión, con los aranceles anulados, el presidente Trump anunció en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que recurriría a una base legal alternativa para mantener la presión sobre las importaciones. Ese mismo día, la Casa Blanca publicó una proclamación imponiendo un recargo global del 10% con fundamento en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, norma que autoriza al presidente a adoptar aranceles temporales de hasta el 15% sobre las importaciones cuando Estados Unidos enfrenta graves déficits en la balanza de pagos.

Al día siguiente de la decisión judicial, en una publicación en su red social Truth Social, Trump anunció el aumento del porcentaje hasta el límite legal del 15%. El nuevo recargo entró en vigor el 24 de febrero de 2026 y tiene carácter estrictamente temporal, ya que expira el 24 de julio de 2026, salvo prórroga aprobada por el Congreso.

El nuevo régimen es distinto del anterior, ya que mientras los aranceles bajo la IEEPA eran diferenciados por país —y Brasil, como se ha visto, soportaba un recargo punitivo del 40%—, la medida basada en la Sección 122 impone una tasa uniforme a todos los socios comerciales, sin distinción de origen, lo que debilita jurídicamente la penalización arancelaria dirigida a Brasil.

Tras la decisión de la Corte Suprema, analistas de Bloomberg describieron a Brasil y al presidente Lula como “quizás los mayores ganadores del mundo”. La estrategia brasileña de no tomar represalias ni ceder a las presiones de Washington a lo largo de 2025 terminó siendo recompensada. Mientras que los países que negociaron acuerdos bilaterales bajo el régimen de la IEEPA enfrentaron las consecuencias jurídicas de la invalidez de esos acuerdos, Brasil llegó a la nueva fase de negociaciones sin haber hecho concesiones y con un arancel final más bajo que el aplicado a muchos aliados tradicionales de Estados Unidos.

Desde el punto de vista económico, la reducción del arancel del 40% al 15% representó un alivio inmediato para los sectores de mayor valor agregado de la industria brasileña, como el automotriz y el de maquinaria y equipos, cuyas exportaciones estaban prácticamente paralizadas. Se estima que el mantenimiento del recargo punitivo habría costado miles de millones de dólares en divisas a Brasil solo en el primer semestre de 2026. Tras la decisión judicial, hubo una reanudación gradual de los envíos al puerto de Houston y otros terminales estadounidenses, aunque el sector exportador aún opera con márgenes reducidos debido al carácter temporal de la nueva tasa y al acumulamiento de inventarios durante el período de mayor agresividad arancelaria.

Aun así, el nuevo recargo del 15%, aunque universal, sigue representando una carga significativa para los exportadores brasileños. Además, el gobierno de Estados Unidos ya había iniciado, en julio de 2025, una investigación formal sobre las prácticas brasileñas de comercio digital bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, la cual sigue en curso y podría, en el futuro, dar lugar a nuevos aranceles específicos y duraderos. A diferencia de la Sección 122, las medidas bajo la Sección 301 no están sujetas a un límite temporal ni a un tope porcentual fijo. La incertidumbre, por lo tanto, persiste, junto con el desafío de construir relaciones comerciales estables entre Brasil y Estados Unidos en un entorno de creciente instrumentalización política de la política arancelaria estadounidense.

Anna Wiendl y Evelin Mwanyika