La doctrina «Donroe»

El reciente ataque perpetrado por los Estados Unidos de América (EE. UU.) contra Venezuela el 3 de enero de 2026, que provocó la destitución de Maduro de la presidencia, ya se había anunciado previamente por las recurrentes presiones y el claro descontento de Washington con su Gobierno.

La postura unilateral y hostil de los Estados Unidos hacia Venezuela quedó patente en su constante discurso de deslegitimación. El gobierno estadounidense cuestionó públicamente los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas, se negó a reconocer a Nicolás Maduro como presidente legítimo —llegando a afirmar que se trata de «un gobernante ilegítimo que maltrata a su pueblo»— y exigió la convocatoria de nuevas elecciones.

En ese mismo contexto, Trump lanzó una narrativa criminalizadora, acusando a Maduro de alianzas con cárteles de la droga y responsabilizándolo del envío de toneladas de cocaína, fentanilo y otros estupefacientes al territorio estadounidense. El presidente estadounidense intensificó su postura al definir el fentanilo como un «arma de destrucción masiva», enmarcando así la lucha contra el tráfico no solo como una emergencia de salud pública, sino como una cuestión de seguridad nacional.

Además, se llevaron a cabo acciones militares directas contra embarcaciones venezolanas y sus tripulantes, con la justificación de combatir el transporte de drogas. El ataque ocurrido el 2 de septiembre en el mar Caribe se convirtió en emblemático, ya que, tras la primera explosión de la embarcación, Estados Unidos ordenó un segundo ataque tras la noticia de que había dos supervivientes. La Casa Blanca se defendió de las acusaciones afirmando que «el almirante Bradley actuó correctamente dentro de su autoridad y de la ley», sin embargo, estas acciones plantearon dudas sobre si tal decisión era realmente compatible con las normas internacionales.

Presentada como una acción de defensa nacional y de lucha contra el tráfico, en la madrugada del 3 de enero de 2026, la operación militar de los Estados Unidos, denominada Operación Absolute Resolve, dio como resultado la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a Nueva York y se encuentran bajo la custodia del Gobierno estadounidense hasta que concluyan los procesos legales por las acusaciones de liderar un Gobierno ilegítimo que apoyaba a los cárteles de la droga y promovía el tráfico de toneladas de sustancias ilícitas.

Sin embargo, la operación no fue pacífica y culminó con el bombardeo de la capital venezolana, Caracas, y el uso de alrededor de 150 aviones para reprimir cualquier intento de defensa. El objetivo se logró sin pérdidas estadounidenses, pero dejó una serie de víctimas mortales en el país latinoamericano. El presidente colombiano, Gustavo Petro, declaró su descontento con el comportamiento de Donald Trump: «Al bombardear [Venezuela], asesinaron a una madre colombiana […] Bajo tus órdenes internacionalmente ilegales, asesinaron a una inocente madre colombiana, caribeña, llena de sueños».

El juicio contra Maduro y su esposa comenzó el 5 de enero y se basó en una denuncia de 25 páginas que formalizaba las acusaciones de narcotráfico, tráfico de armas y narcoterrorismo, que había sido divulgada al día siguiente de la operación, el 4 de enero, por el sistema de justicia penal de los Estados Unidos. Durante la primera audiencia en el Tribunal de Nueva York, ambos alegaron ser inocentes y estar detenidos como prisioneros de guerra, sin embargo, el argumento fue rechazado por el tribunal y se enfrentan a la posibilidad de cadena perpetua.

Mientras el proceso legal sigue su curso en Nueva York, el mundo está dividido en cuanto a las drásticas medidas tomadas por el Gobierno estadounidense. La legalidad de la operación ha sido cuestionada por la mayoría de los países de América Latina, así como por el propio Consejo de Seguridad de la ONU, donde varios países, incluidos aliados de EE. UU., han afirmado que la acción viola el derecho internacional y la soberanía del Estado venezolano. «Ningún Estado debe amenazar o utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado», condenó la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Expertos en derecho internacional, como Matthew C. Waxman, del CFR, afirman que la acción viola la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra otro Estado sin la autorización del Consejo o en legítima defensa, argumento que Washington no ha demostrado cumplir. Por otro lado, hay declaraciones de partidarios como el presidente argentino Javier Milei, quien afirmó que la caída del gobierno de Maduro fue una «excelente noticia para el mundo libre».

La reacción popular, por su parte, aunque dividida, converge en el temor y la incertidumbre sobre lo que les depara el futuro. La crisis humanitaria que asolaba el país obligó a miles de ciudadanos a recurrir a la migración, pero la declaración de Donald Trump de que el país se encuentra ahora bajo tutela estadounidense hasta que esté listo para la transición democrática pone en duda que la situación humanitaria vaya a mejorar. La incertidumbre existe porque hay un objetivo económico explícito en la acción: las reservas petroleras estadounidenses. Trump ha dejado claras sus intenciones y ya ha anunciado que Estados Unidos se quedará con el petróleo venezolano.

Más allá de sus objetivos económicos inmediatos, la operación Absolute Resolve debe entenderse como parte de un movimiento más amplio de reorientación estratégica de la política exterior de Estados Unidos. La acción militar en Venezuela ejemplifica, de manera concreta, la nueva Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense durante la administración de Donald Trump, divulgada por la Casa Blanca el 5 de diciembre de 2025.

El documento consolida el «América primero» como principio rector de la política exterior y de seguridad de los Estados Unidos, redefiniendo las prioridades geográficas y desplazando el foco de los intereses geopolíticos estadounidenses hacia el hemisferio occidental, en especial América Latina y el Caribe. En este contexto, la región deja de ser tratada como un espacio secundario y pasa a ser concebida como un área estratégica indispensable para la seguridad, la prosperidad económica y la proyección global del poder de los Estados Unidos.

No es la primera vez que una política estadounidense tiene como objetivo acercarse a América Latina y el Caribe. En un contexto aún predominantemente colonial, en 1823, el presidente estadounidense James Monroe estableció la Doctrina Monroe para que las potencias europeas respetaran la esfera de influencia de Estados Unidos en la región, una política exterior a menudo denominada «América para los americanos».

En el contexto actual, sin embargo, su objetivo cambia: la contención ya no se dirige a Europa, sino a la supuesta creciente actuación de países como China y Rusia en sectores estratégicos de América Latina, incluyendo la energía, la infraestructura, la tecnología y la cooperación militar.

Según la Estrategia de Seguridad Nacional, «tras años de negligencia, Estados Unidos reafirmará y hará cumplir la Doctrina Monroe para restaurar la prominencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestra patria y nuestro acceso a regiones clave en toda la región». Según el documento, la hegemonía es la condición misma para mantener a Estados Unidos seguro y próspero. Esto se lograría aplicando el Efecto Trump sobre la Doctrina Monroe, a partir de dos estrategias centrales: alistar y expandir.

El gobierno de Nicolás Maduro se ha caracterizado por una alineación ideológica con potencias rivales de Estados Unidos, como China y Rusia. Además, las acusaciones que el gobierno estadounidense presentó ante el Tribunal de Nueva York coinciden con las advertencias señaladas en el documento, como la contención de los flujos migratorios, el tráfico de drogas y las redes criminales transnacionales. Uno de los medios señalados para ello fueron las alianzas de seguridad, puestas en práctica con la presencia ampliada de activos navales en el Caribe, creando un ambiente de presión continua sobre Venezuela incluso antes del ataque del 3 de enero.

Una de las políticas de expansión que Estados Unidos persigue en América Latina es el desarrollo de recursos estratégicos. Al ser el mayor poseedor de reservas petroleras del mundo, Venezuela ocupa una posición central en la estrategia estadounidense, ya que el petróleo venezolano es considerado por el Gobierno de Trump como un activo estratégico infrautilizado y vulnerable a la influencia de potencias extrarregionales. La captura del Estado venezolano abre el camino para la reorganización del sector energético bajo la supervisión estadounidense, alineando la exploración, la comercialización y la infraestructura con los intereses de los Estados Unidos.

Poco después de la operación, el 7 de enero, el secretario de Energía, Chris Wright, afirmó que Washington supervisará la venta del petróleo venezolano «indefinidamente», lo que indica que los intereses estratégicos van más allá de la retórica democrática. Aun así, existe temor por parte de los inversores de empresas como ExxonMobil, que declaró que Venezuela es un país «en el que no se puede invertir» en las condiciones actuales. Sin embargo, el presidente estadounidense está dispuesto a ofrecer apoyo al sector, aunque no ha detallado cómo, y ha declarado que ya se han enviado unos 30 millones de barriles a Estados Unidos, dejando así patente su interés en las reservas petroleras presentes en la frontera venezolana.

El efecto Trump sobre la Doctrina Monroe, a pesar de tener la misma retórica de exclusión de potencias extrarregionales y preservación de la zona de influencia estadounidense en América Latina y el Caribe, se acerca a una lógica de hegemonía activa, marcada por la disposición a intervenir, presionar y condicionar la soberanía de los Estados latinoamericanos. En este escenario, surge la pregunta: ¿la intervención de Estados Unidos en Venezuela está, de hecho, en conformidad con la Doctrina Monroe? La captura de autoridades estatales, la amenaza del uso de la fuerza y el uso explícito de la fuerza, las sanciones de carácter extraterritorial y las estrategias de cambio de régimen extrapolan el derecho internacional concebido en el siglo XX, a la luz de las instituciones internacionales y el multilateralismo.

No es casualidad que muchos analistas de política internacional denominen la nueva Estrategia de Seguridad Nacional del gobierno de Trump como la «Doctrina Donroe», promoviendo una actualización agresiva y personalista de lo que propone James Monroe. Esto contribuye a volver a situar a América Latina como un espacio vulnerable a la injerencia externa, donde las disputas geopolíticas globales se superponen a la soberanía regional.

Escrito por: Anna Wiendl y Evelin Mwanyika