La intervención de Estados Unidos en Venezuela y las relaciones diplomáticas regionales

En la madrugada del 3 de enero de 2026, las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro en una operación que conmocionó a la comunidad internacional y reavivó el debate sobre los límites del derecho internacional en la era Trump. En las horas y días siguientes, dos mundos reaccionaron de formas radicalmente distintas: las bolsas de Nueva York celebraron con subidas significativas en las acciones petroleras, mientras que los ministerios de Asuntos Exteriores de todo el mundo ensayaban protestas cuidadosamente calibradas para no causar mayores daños a las relaciones bilaterales con Estados Unidos. El episodio pone de manifiesto, con brutal claridad, la distancia entre los principios que rigen el discurso diplomático y los instrumentos —o la falta de ellos— disponibles para hacerlos valer. El 4 de enero de 2026, los Gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España emitieron una declaración conjunta sobre los hechos ocurridos en Venezuela. En este comunicado, las naciones reafirmaron su compromiso con los principios consagrados de las Naciones Unidas: igualdad soberana, solución pacífica de controversias, prohibición del uso de la fuerza, autodeterminación de los pueblos, no intervención, derechos humanos y buena fe. Al inicio del texto, expresan su repudio ante el ataque unilateral que sufrió Venezuela y manifiestan su preocupación por el incumplimiento de los principios fundamentales del Derecho Internacional y la paz del sistema mundial tras las acciones estadounidenses. Reiteraron la necesidad de actuar con cautela y de acuerdo con los principios de la ONU —que todos los países miembros de las Naciones Unidas aceptaron al firmar la Carta de las Naciones Unidas— y del Derecho Internacional, además de afirmar que los venezolanos deberían llevar a cabo este proceso de reestructuración política, teniendo en cuenta la soberanía y la autodeterminación, para llegar a una solución sostenible que respete los derechos humanos. Posteriormente, reafirmaron el carácter pacífico de América Latina y la unidad regional frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional. Para concluir la declaración, manifestaron su oposición a cualquier intento de control regional, político o administrativo, o de apropiación de recursos naturales o estratégicos.

Este comunicado no es algo inesperado por parte de la diplomacia brasileña, ya que siempre ha demostrado un carácter pacífico, defendiendo la negociación y la resolución pacífica de los conflictos. Además de esta declaración conjunta con otros países, el embajador representante de Brasil en el Consejo de Seguridad de la ONU, Sérgio França Danese, hizo una observación que refleja a la perfección la esencia de la diplomacia brasileña ante los conflictos mundiales: durante su intervención en la sesión del Consejo, el embajador destacó el rechazo y la indignación de Brasil ante la intervención armada en Venezuela por violar la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional. Danese también evoca en su discurso recuerdos históricos sobre los impactos negativos que el intervencionismo militar extranjero tuvo en América Latina y destaca que este territorio se caracteriza por la paz y la autodeterminación de los pueblos, y que debe mantenerse así.

Para comprender la lógica que mueve la intervención estadounidense, hay que empezar por el subsuelo. Venezuela posee alrededor del 17 % de las reservas conocidas de petróleo del mundo —más de 300 000 millones de barriles, un volumen casi cuatro veces superior al de los propios Estados Unidos y mayor que el de Arabia Saudí—. Antes de las sanciones impuestas por Washington, el petróleo representaba el 96 % de los ingresos nacionales venezolanos. Se trata de uno de los mayores premios geoeconómicos del hemisferio, y la intervención dejó claras sus intenciones ya en las primeras horas. La reacción de los mercados fue inmediata. Las acciones de Chevron —la única gran petrolera estadounidense que aún operaba en el país— se dispararon cerca de un 10 % en la preapertura tras la captura de Maduro. ConocoPhillips acumuló una subida del 8,7 %, y refinerías como Valero, Marathon y PBF subieron entre un 5 % y un 16 %, mientras que las empresas de servicios para yacimientos petrolíferos —Halliburton, Baker Hughes y SLB— avanzaron entre un 6,6 % y un 9 %. Wall Street, en resumen, lo celebró. Donald Trump fue explícito sobre sus planes: prometió que las grandes petroleras estadounidenses asumirían el control de la explotación venezolana sin que el Gobierno tuviera que invertir ni un centavo. En febrero de 2026, el Departamento del Tesoro formalizó la estrategia con una medida que facilita la explotación en el país —pero con una cláusula política reveladora: quedan excluidas las empresas vinculadas a China, Rusia, Corea del Norte, Cuba e Irán. La operación es, al mismo tiempo, económica y geopolítica: un intento de sacar de la órbita de Pekín y Moscú uno de los mayores yacimientos de petróleo del planeta y reposicionar a Washington como árbitro del acceso a la energía venezolana.

Los analistas, sin embargo, advierten de una dinámica en dos fases: a corto plazo, la incertidumbre sobre la oferta tiende a elevar el precio del barril; a largo plazo, el regreso sin restricciones de las petroleras estadounidenses al mercado venezolano aumentaría la oferta mundial y ejercería presión a la baja sobre los precios. Lo que Wall Street celebra hoy puede, paradójicamente, erosionar los márgenes del propio sector que aplaude la intervención —una contradicción que no ha apagado el entusiasmo de los inversores, pero que pone de manifiesto la complejidad de lo que se avecina—. Si bien la lógica económica de la intervención es relativamente clara, el respaldo interno en Estados Unidos es mucho más frágil —y esto ayuda a entender por qué la protesta internacional se ha quedado en el plano retórico. Una encuesta del Pew Research Center realizada en enero de 2026 a más de 8.500 adultos reveló que solo el 44 % de los estadounidenses confía en que Trump tome decisiones acertadas sobre Venezuela. En cuanto al acceso de las empresas estadounidenses al petróleo venezolano —el núcleo del proyecto trumpista—, el 40 % se opone y solo el 37 % está a favor. La división es marcadamente partidista: el 62 % de los republicanos la apoya; entre los demócratas, la misma proporción la rechaza. Las encuestas de YouGov realizadas poco después de la captura de Maduro muestran que el aumento de la aprobación de la intervención provino casi exclusivamente del electorado republicano. Para los demócratas, la operación sigue siendo cuestionable tanto en sus fines como en sus medios. Hay, sin embargo, un punto en el que la opinión estadounidense converge de forma reveladora: el 78 % de los encuestados afirma que el próximo presidente de Venezuela debe ser elegido por los propios venezolanos, y solo el 6 % cree que esa decisión corresponde al Gobierno de EE. UU. Solo una cuarta parte de los estadounidenses aprueba que Washington asuma responsabilidad directa sobre el país. Se trata de una intervención aplaudida por la mitad de la población, tolerada por la otra, y cuyos desdoblamientos políticos cuentan con escaso respaldo interno. Esto tiene consecuencias directas para la reacción internacional: cuando un gobierno actúa en contra de la voluntad de buena parte de su propio electorado, el coste para los aliados que optan por protestar sin romper relaciones es proporcionalmente menor. La protesta se convierte en una obligación de principio —exactamente el papel que los comunicados diplomáticos acabaron desempeñando—.

Es en este contexto donde hay que interpretar la reacción del Gobierno de Lula —y comprender sus límites reales—. El presidente condenó la operación en términos contundentes, calificándola de «inaceptable» e incompatible con el derecho internacional, y defendió que, si Maduro es juzgado, el proceso se lleve a cabo en territorio venezolano. Ofreció su mediación en más de una ocasión. No encontró espacio: ni Washington ni Caracas abrieron canales de comunicación. Brasil llegó a la crisis sin un diálogo efectivo con ninguna de las dos partes. El exembajador Rubens Ricupero, uno de los diplomáticos brasileños más experimentados, fue preciso al señalar esta situación en una entrevista con Carta Capital: «Habrá una protesta, pero dentro de unos límites. Elevar demasiado el tono no sirve de nada, porque no servirá para nada. Si sirve de algo, será para complicar aún más la relación con Brasil, que ya no es buena». La afirmación no describe una omisión política, sino una limitación estructural. Brasil protesta por principio y se contiene por cálculo: alzar la voz no produciría ningún resultado, pero podría salir caro en una relación bilateral que ya no va bien. Ricupero va más allá y pone al descubierto el motivo por el que la respuesta multilateral también resultó ilusoria: el único organismo con poder efectivo para actuar sería el Consejo de Seguridad de la ONU —donde Estados Unidos tiene derecho de veto—. Cualquier resolución condenatoria estaría condenada al archivo antes de ser votada. China protestó diplomáticamente, pero mantuvo el pragmatismo que guía su política exterior, orientada a sus propios intereses estratégicos —incluida la presión sobre Taiwán—.

El panorama que se perfila es el de un orden internacional que tiene las palabras adecuadas, pero carece de los mecanismos para actuar cuando la potencia que viola las normas es precisamente aquella que debería ser contenida por ellas. Paralelamente, Lula ha señalado que Brasil no aceptará imposiciones estadounidenses en el ámbito de los minerales críticos, afirmando que prefiere negociar soberanamente la exportación de esos recursos. La declaración apunta a una tensión más amplia: la intervención en Venezuela no es un episodio aislado, sino la señal de una reconfiguración hemisférica que pone en jaque la autonomía de las economías latinoamericanas ricas en recursos naturales.

Escrito por: Aline Simioli Campos y João Lucas Pereira